Cómo fortalecer el control público
Revelaciones sobre redes de empresas, contrataciones opacas y millones sin declarar vuelven a sacudir la conversación pública en torno a las declaraciones patrimoniales de personas servidoras públicas. El tema no es nuevo, pero cada episodio parece sorprendernos como si las señales no estuvieran ahí desde antes.
La realidad es que sí está, y muy presente. Cada omisión o cada irregularidad, puede detectarse con suficiente anticipación.
Las declaraciones patrimoniales, por ejemplo, son uno de los principales instrumentos del Estado para garantizar la integridad, prevenir conflictos de interés y promover la rendición de cuentas. Pero su utilidad no puede reducirse al acto formal de presentarlas. Su verdadero valor está en lo que revelan —y en lo que no se dice— cuando se leen con inteligencia y se interpretan como parte de un ecosistema más amplio.
Un periodismo con valiosas aportaciones
Parece que en los últimos años, el periodismo de investigación está llenando un vacío institucional. Desde el seguimiento a fortunas inexplicables hasta el rastreo de empresas fantasma ligadas a contratos públicos; así, la prensa ha logrado construir rutas de análisis que, en condiciones ideales, deberían emanar desde el Estado.
Y el hecho de que sea el sector periodístico quien identifique patrones y aporte hallazgos de valor con base en información pública como declaraciones o contratos, debería motivarnos a innovar pero, sobre todo, a promover la institucionalización de metodologías y herramientas que permitan anticipar y prevenir riesgos de corrupción.
La tecnología, los datos abiertos y el análisis prospectivo pueden convertirse en aliados estratégicos de este esfuerzo. Y lo que necesitamos no es más información por sí sola, sino más inteligencia institucional aplicada a esa información.
Predicciones y declaraciones, ¿qué es lo que importa?
Los formatos digitales y los sistemas de presentación en línea de las declaraciones patrimoniales hoy permiten analizar con mayor velocidad grandes volúmenes de datos. Podemos detectar cambios súbitos de patrimonio, omisiones recurrentes, vínculos entre personas y empresas, e incluso variaciones frente al nivel de ingreso declarado.
Por su parte, una vez más, la transparencia predictiva ofrece una alternativa transformadora: utilizar los datos públicos disponibles para identificar patrones y tendencias y anticipar los temas que podrían escalar en un conflicto social, para, posteriormente, facilitar el emprendimiento de políticas públicas dirigidas a las áreas de riesgo institucional. No se trata sólo de hacer predicciones, de por sí valiosas, sino de entender las señales y diseñar mecanismos de control más preventivos y eficaces.
Aplicamos el modelo de transparencia predictiva a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno mediante el procesamiento de 3,612 solicitudes de información dirigidas a esta institución durante 2024. Como resultado, uno de los clústers que más llamaron la atención fue el que agrupó las siguientes temáticas:
- Copias de declaraciones patrimoniales y de intereses;
- Sanciones a personas que incumplieron con su obligación de declarar;
- Investigaciones administrativas y presunto enriquecimiento ilícito y evolución patrimonial.
Lo notable es que, con un grado de precisión del 81.6%, el modelo predijo que entre julio y septiembre de 2025 se podría presentar un pico de demanda informativa sobre estos temas. Recordemos que, en la mayoría de los casos, cada demanda informativa se encuentra directamente vinculada a una problemática pública que debe ser atendida. Justo estos días, todo cobra sentido.
La transparencia predictiva no ofrece nombres pero sí patrones, tendencias y una visión prospectiva. No ofrece culpables, pues no es su intención, pero sí rutas de trabajo a partir de riesgos institucionales identificados.
Modernizar el Estado desde sus funciones básicas
Revisar las declaraciones patrimoniales no debe ser un trámite. Debe ser parte de un ecosistema de integridad pública que cruce información asociada a personas servidoras públicas con contratos, compras, conflictos de interés, vínculos familiares y crecimiento inusual del patrimonio. Y esto debe ocurrir antes de la crisis, no después.
En este contexto, el Sistema Nacional Anticorrupción —con sus limitaciones— debe recuperar protagonismo y renovarse con una visión estratégica más moderna, más anticipatoria y un enfoque dinámico de política pública con mayor incidencia institucional y en el entorno.
Eso requiere, naturalmente, un cambio de paradigma en la gestión pública que llamamos inteligencia institucional, no para castigar con más severidad, sino para disponer de más y mejores capacidades, como anticipación, profesionalismo, integridad, eficiencia y enfoque centrado en las personas.
📩 ¿Quieres conocer más acerca de cómo aplicar este enfoque en tu institución o empresa? Escríbeme: jaime.cerdio@nexusanalitica.mx
