La libertad se construye. Y para que exista de verdad, no basta con que las personas puedan votar o expresarse; también necesitan vivir sin miedo, sin carencias, con justicia. En cualquier democracia, no solo se trata del derecho a disentir o participar, sino de que existan las condiciones legales, institucionales, sociales y materiales que permitan a las personas definir su destino.
Cuando hablamos de libertad, vamos más allá de lo abstracto. Nos referimos a la posibilidad concreta de que una niña termine la primaria sin tener que dejar los estudios para trabajar. De que un joven pueda caminar sin ser interceptado por el crimen organizado. De que una madre tenga acceso a un hospital con medicamentos. De que cualquier persona pueda emprender y ejercer sus derechos sin necesidad de influencias ni de rogar favores.
Sin embargo, durante décadas y en distintos contextos, esa libertad también se ha convertido en un horizonte inalcanzable. Y no porque no se anhele, sino porque muchas veces no se encuentran las circunstancias propicias para ejercerla. Como lo advertía Rousseau: todos corrieron al encuentro de sus cadenas, queriendo alcanzar la libertad. Pues, cuando las instituciones del Estado no garantizan esa posibilidad —en cualquier momento histórico—, la libertad corre el riesgo de volverse letra muerta, simbólica, sin sustancia.
Factores que limitan la libertad
La libertad no se pierde de golpe, decreto o de la noche a la mañana, salvo que se viva en un régimen autoritario o dictatorial; se erosiona en lo cotidiano. Con cada ley que no muestra imparcialidad en su cumplimiento, en cada institución pública que no responde a las necesidades sociales, por cada servicio que falla y bajo cada promesa política que no se cumple. Como resultado, se desvanece en la violencia, en la pobreza, en la injusticia o la exclusión.
Y esto se vuelve una tragedia cuando el lugar de nacimiento determina las oportunidades de progreso. En ese momento no hay libertad; hay resignación. Y una democracia fundada en la resignación es una estructura vacía, sin rumbo y sin sentido. Porque no es libre quien teme caminar por su calle. Quien depende de una dádiva para subsistir. Quien no puede emprender un negocio por falta de condiciones y extorsión. Quien no puede exigir justicia.
El Estado debe facilitar y asegurar las condiciones mínimas para ejercerla. De no lograrlo, queda rebasado por la promesa que justifica su razón de ser. Para Amartya Sen, la libertad verdadera requiere que las personas tengan la capacidad efectiva de elegir y actuar. No basta con tener derechos formales si las condiciones materiales y sociales los vuelven inalcanzables.
La corrupción como obstáculo
Más que un problema de personas, ideologías o partidos, la corrupción es un fenómeno estructural que trasciende contextos, administraciones y órdenes de gobierno. Entender su impacto no implica reducirla a escándalos individuales, sino dimensionarla en el ámbito institucional como una amenaza al principio democrático y al ejercicio de la libertad.
Pues, los actos de corrupción no solo consisten en el desvío de recursos públicos o voluntades políticas, o cualquier conducta indebida tipificada en la normativa aplicable: en el fondo distorsionan el propósito del Estado. Donde debería haber instituciones públicas al servicio del interés colectivo y la garantía de derechos, se impone una lógica que privilegia intereses individuales y afecta a quien más necesita.
En seguridad pública, por ejemplo, la corrupción puede implicar la protección a grupos criminales, en cuerpos policiales infiltrados, en investigaciones que nunca avanzan. En salud, se puede manifestar en contratos indebidos, en compras e infraestructura opacas, en hospitales sin medicamentos. En educación, puede significar escuelas abandonadas, plazas vendidas, becas manipuladas.
Y en todos esos casos, lo que se pierde no se reduce al presupuesto y la actuación en el servicio público. Consiste en un alto impacto social que vulnera la libertad misma. Se fractura el Estado de derecho, se distorsionan los mercados, se ahuyenta la inversión, y se debilita la economía nacional desde sus cimientos. Desde luego, se diluye la confianza ciudadana, se erosiona la legitimidad institucional, y se pervierte el principio de igualdad ante la ley.
Robert Klitgaard advierte que la corrupción va más allá de un acto individual: se convierte en un sistema que prospera cuando hay discrecionalidad, impunidad y opacidad. Un sistema que reemplaza derechos con privilegios, que margina a quien no puede pagar acceso al poder, que hace de la libertad una mercancía. No puede hablarse en serio de libertad en un entorno donde la corrupción se normaliza.
Lo que el Estado debe ser y sus políticas públicas
Hoy, tanto en América Latina como en México se tiene la oportunidad de avanzar hacia una nueva generación de instituciones públicas. No más grandes, sino más justas. No más complejas, sino más eficaces. No más vistosas, sino más transparentes. Pasar del aparato público que se justifica a sí mismo, a un Estado que sirve y transforma, que aprende y corrige, que actúa con responsabilidad.
Durante años hemos confundido modernización con tecnificación. Pero el verdadero Estado moderno —el Estado que honra la libertad— es aquel que se anticipa, que no administra inercias, sino que imagina el futuro y también lo construye en favor de las libertades y los derechos.
Y esa transformación hacia el Estado del futuro exige un nuevo paradigma en la gestión pública, basado en la inteligencia institucional. Uno que se sustenta en cinco pilares fundamentales. Primero, el profesionalismo y la capacidad de innovación, que implica contar con instituciones públicas técnicamente sólidas, comprometidas con la excelencia y con una auténtica vocación de servicio. Segundo, la integridad y la ética pública, entendidas como principios orientadores de toda acción gubernamental, sustentadas en la responsabilidad individual, la legalidad y la rendición de cuentas. Tercero, la eficiencia y la eficacia institucional, que no se reduce a recortes y austeridad, sino que demanda maximizar el impacto de cada decisión, corregir ineficiencias y superar rezagos. Cuarto, una visión y anticipación de futuro, que permita identificar riesgos antes de que se conviertan en crisis, y diseñar políticas de calidad y con mirada estratégica. Y quinto, un enfoque humanista, que coloque a las personas en el centro, reconociendo en cada decisión el rostro y la historia de quien la necesita.
John Rawls lo decía: las instituciones justas no son solo las que reparten recursos, sino las que estructuran una vida social donde todos tengan una oportunidad razonable de ejercer sus libertades. De eso trata, en el fondo, la modernización del Estado: de construir un nuevo andamiaje institucional que no tolere la corrupción, que priorice la dignidad y la justicia, y que haga de la libertad no una promesa lejana, sino una experiencia cotidiana para todas y todos.
